El estudio propone acabar con la distinción entre tipos de CET y entre grados de discapacidad y apuesta por la unidad a la hora de crear trabajo para el colectivo mediante la ampliación de funciones en políticas de selección, intermediación y capacitación. 
El pasado 9 de septiembre, la sede de PIMEC acogió la presentación en Cataluña del 1er informe de Baker & McKenzie sobre Centros Especiales de Trabajo en España, elaborado en colaboración con la CONACEE y Grupo SIFU
Durante el acto, el Conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig, recordó que las entidades catalanas fueron pioneras en la promoción de políticas de discapacidad como la propia LISMI, y quiso agradecer a CONACEE y Grupo SIFU el haber impulsado este estudio. 
Asimismo, Puig reclamó una vez más un modelo propio de gestión para dar más apoyo al colectivo y destacó que "en Cataluña se está avanzando hacia un nuevo modelo de economía con valores y más compromiso social, que apueste por la competitividad y por nuevos modelos de gestión sostenibles ". 
En este sentido, el director general de Economía Social y Trabajo Autónomo, Xavier López, habló del Plan de competitividad puesto en marcha por el Departamento y que está estudiando la viabilidad de los CEE en Cataluña: "La crisis ha hecho aflorar la obsolescencia financiera de esta formula de integración laboral. Los CEE no pueden tener un modelo de negocio basado en unos incentivos que no estén garantizados, por eso creemos que deben ser empresas de economía social viables y orientadas a compensar las especiales dificultades ". López también valoró el esfuerzo de la Administración para impulsar políticas de discapacidad y para hacer frente a la falta de financiación autonómica, que este año a pesar de reducirse en 11 millones por parte del Estado, se ha destinado mayoritariamente al mantenimiento de los puestos de trabajo para el colectivo y a la supervivencia de los CEE. 
La autora del estudio, Consultora de Baker & McKenzie y Profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en ESADE y la URL, Esther Sánchez, criticó que el reciente cambio normativo (Ley General de la Discapacidad) se haya quedado a medio camino por "falta de valentía y debido a las presiones de ciertos lobbies", así como destacó que el estudio apuesta por la construcción de un verdadero modelo donde el derecho al trabajo exista, independientemente de la forma jurídica del centro, tanto con ánimo como sin ánimo de lucro. La ex directora del SOC también pidió al sector privado que tome la iniciativa en la presentación de propuestas ante los dirigentes políticos y reclamó que los CEE deberían convertirse en el núcleo integrador de las personas discapacidad. 
Por su parte, el presidente de CONACEE y Grupo SIFU, Albert Campabadal Mas, dejó clara la voluntad de trabajar con una visión diversa, plural y colectiva dentro del sector, con el fin de actuar de forma conjunta y centrandose en la creación de puestos de trabajo, objetivo último de todos los CEE. Además, apostó por la unificación de criterios en la creación y mantenimiento de este tipo de Centros en todas las CC.AA.
Consulta el resumen ejecutivo del informe en el siguiente enlace: http://conacee.org/pdf/B&McK_Resumen_Ejecutivo_INFORME_MERCADO_PROTEGIDO.pdf
Albert Campabadal Mas y Felip Puig en PIMEC