En 2017 la Comunidad de Madrid aprobó el Decreto 78/2017 por el que se regula la instalación y utilización de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario. Se trata de una nueva normativa que obligará, a partir del próximo 15 de septiembre,  la presencia de desfibriladores en ciertos espacios con una elevada afluencia de personas.

En los últimos años las paradas cardiorespiratorias en entornos extra hospitalarios han aumentado, suponiendo 30.000 muertes anuales en España. Este hecho no ha pasado por alto y cada vez es más habitual encontrar desfibriladores a nuestro alrededor. Además, las Administraciones también están poniendo cartas en el asunto. Este es el caso de la Comunidad de Madrid, que el pasado 12 de septiembre aprobó un decreto mediante el cual se regula el uso de estos aparatos y establece un registro para que los desfibriladores puedan ser fácilmente localizados en caso de emergencia. Esta nueva regulación entrará en vigor a partir del próximo 15 de septiembre y establece que las la obligatoriedad de disponer de un desfibrilador a las siguientes instalaciones:

  • Grandes establecimientos comerciales con superficie superior a 2.500m2
  • Aeropuertos
  • Estaciones de autobuses y ferrocarril en población de más de 50.000 habitantes con afluencia media diaria de al menos 5.000 personas.
  • Establecimientos públicos con aforo de 2.000 o más personas
  • Instalaciones deportivas con público diario de al menos 500 personas
  • Centros educativos
  • Establecimientos hoteleros con más de 100 plazas
  • Centros de trabajo con más de 250 trabajadores
  • Residencias de mayores con más de 200 plazas
  • Establecimientos dependientes de las AAPP en poblaciones de más de 50 mil habitantes con afluencia diaria igual o superior a 1.000 usuarios

La normativa exige que todos los desfibriladores de la comunidad estén conectados a la Red de Emergencia de la Comunidad de Madrid, lo que permitirá una rápida intervención de los equipos de asistencia. Todos los aparatos, además, tienen que estar perfectamente señalizados y ser de fácil acceso.

El incumplimiento de esta nueva normativa acarreará infracciones administrativas con sanciones que pueden ser leves, graves o muy graves según el caso. Por ello, las organizaciones afectadas tienen tiempo hasta el 15 de septiembre para cumplir con el decreto.

En previsión de estas nuevas necesidades, Grupo SIFU ofrece, desde el pasado mes de noviembre, un Servicio Integral de Cardioprotección, que facilita y promueve la instalación de desfibriladores en empresas, comunidades de propietarios o escuelas. Además de la instalación de los desfibriladores, estos servicios aseguran su mantenimiento y proporcionan formación en materia de resucitación, además de gestionar todos los trámites necesarios para cumplir con la normativa de cada Comunidad Autónoma.