Fundación Grupo SIFU ha organizado varias mesas de debate con los Servicios Sociales de diferentes Ayuntamientos para valorar el papel que estos han desarrollado a lo largo de la situación generada por el Covid-19, así como conocer sus principales líneas de actuación.

 

El objetivo de estas mesas ha sido acercarse a las distintas realidades del país para tener una radiografía de la situación social generada por la crisis del coronavirus, así como conocer las principales iniciativas que las instituciones locales están poniendo en marcha para ayudar a las personas más vulnerables y que más están sufriendo con la crisis de cara a buscar soluciones conjuntas más eficaces.

 

En ella, los Servicios Sociales han puesto de manifiesto la importancia de las políticas de apoyo y el papel de las entidades sociales en la gestión de la crisis del Covid-19 pues han visto incrementada su demanda en esta crisis, principalmente en áreas como alimentación o salud mental, y ha quedado patente la brecha tecnológica que afecta a diversos colectivos y la importancia de desarrollar planes urgentes de formación, empleo local y voluntariado.

 

En la Mesa de Trabajo con los Servicios Sociales organizada por la Fundación Grupo SIFU a lo largo de la semana pasada han participado representantes de 10 ayuntamientos de España entre los que se encontraban grandes ciudades como Barcelona, Valladolid o Denia, así como términos municipales más pequeños como Almagro, Alhaurín de la Torre, Benalmádena, Elda, Fustiñana, Malagón o Simancas.

 

La reflexión de partida es que la crisis ha tenido un impacto laboral negativo que está afectando en mayor medida a personas dependientes y con discapacidad, empeorando sus condiciones personales. En general, se ha detectado que los ayuntamientos han aumentado el gasto económico de los servicios sociales para hacer frente a la gran demanda, especialmente de comida y asistencia en casa, que en algunas localidades se ha llegado a triplicar.

 

A pesar de que los servicios sociales son un canal público de ayuda para todos los ciudadanos, tienen una imagen negativa al ser utilizado principalmente por personas con bajos ingresos. Lo que pone de manifiesto la necesidad de un plan específico para luchar contra esta percepción ya que las instituciones están para velar por que se cumplan los derechos mínimos de la ciudadanía, incluyendo que no se estigmatice a las personas que hacen uso de ellos.

 

Entre las principales conclusiones a resaltar se encuentra la brecha digital que en esta crisis se ha hecho más patente para el colectivo de personas mayores que, sobre todo en zonas rurales, ha limitado el acceso a servicios de primera necesidad como la compra online y en la que los Servicios Sociales se han tenido que centrar para aportar soluciones adaptadas a ellos. Para paliar esta problemática, se comentó la necesidad de incidir en medidas de formación con monitores/dinamizadores en nuevas tecnologías que ayuden a dotar de habilidades telemáticas a la sociedad ante la nueva normalidad, guiada principalmente por menos contacto físico.

 

Otra conclusión importante es la carencia de atención residencial a personas con problemas de salud mental que evidencia la necesidad de un plan de atención individualizada en el hogar, ya sea a través de profesionales o de voluntarios; para asegurar el apoyo psicológico y acompañamiento emocional, así como el control de medicación para evitar brotes o descompensaciones, poniendo especial énfasis en la prevención de suicidios.

 

Se ha puesto de manifiesto que esta crisis ha afectado también a colectivos que nunca habían hecho uso de los servicios sociales para acceder a necesidades básicas como la alimentación o los productos de higiene. En este sentido, se comentó que las diferentes iniciativas deben tener en cuenta acciones para trabajar el aspecto psicológico de estos nuevos colectivos y enfocadas a trabajar la dignidad de las personas para evitar un mayor impacto social.

 

Los diferentes consistorios han coincidido también en la importancia de las iniciativas de voluntariado puestas en marcha por entidades del tercer sector para abastecer de alimentos y medicamentos a aquellas personas que no pueden salir de sus domicilios por ser colectivo de riesgo y que, continúan siendo claves en esta nueva normalidad. Así como apoyo asistencial y económico para personas sin hogar.

 

Igualmente se ha detectado la necesidad de una política de apoyo específica para el comercio local que reactive la economía de las familias y pequeñas empresas como motor de la sociedad.

 

Como conclusión final, todos los participantes concuerdan en que es primordial buscar planes de orientación y empleo locales (reinvención de nuevos puestos de trabajo como controladores de parking, subvenciones al empleo de afectados por COVID-19, etc.) como solución para minimizar el impacto negativo del desempleo en este grupo de población y en ellas han de estar implicadas entidades del tercer sector, servicios sociales, cuerpos de seguridad y la sociedad en general.

 

Por todo esto, desde la Fundación Grupo SIFU se hace un llamamiento a las partes implicadas para desarrollar un plan de contingencia social que aumente las partidas presupuestarias de emergencia y que agilice la entrega de ayudas a las familias.