“Las leyes solo tienen sentido si llegan a la vida real de las personas”
Entrevistamos a Agustín Parra (1970), economista de profesión, cuya experiencia política se inició en la localidad barcelonesa de Esplugues. Actualmente es vicesecretario general de Organización del Partido Popular de Barcelona y, sobre todo, miembro del Congreso de los Diputados. Hablamos con él del colectivo—tiene una hija con discapacidad—, de integración sociolaboral, de centros especiales de empleo, de inclusión, de dependencia, así como de la necesidad de seguir trabajando en favor de la sociedad.
Agustín Parra: "La discapacidad nos recuerda que hay temas que deben estar por encima de la confrontación"
¿Cuáles son, en su opinión, los principales hitos de la discapacidad en los últimos años? ¿Qué es lo más importante que se ha logrado?
El avance más relevante ha sido consolidar un enfoque de derechos. La reforma del artículo 49 de la Constitución no es solo un cambio terminológico: es un reconocimiento explícito de la dignidad y la autonomía de las personas con discapacidad, alineado con la Convención de la ONU.
Como padre de una hija con discapacidad, sé lo que significa que el Estado reconozca de forma clara y respetuosa a quienes durante años han tenido que pelear por cada paso. Esa reforma es también un mensaje para las familias: no están solas.
Además, el movimiento asociativo ha alcanzado una madurez extraordinaria. Entidades con una visión transversal y otras muy especializadas han logrado que la discapacidad esté hoy en el centro de la agenda pública. Su trabajo constante —a menudo silencioso— ha sido decisivo para que la accesibilidad, la vida independiente y el empleo tengan hoy un peso real en las políticas públicas.
¿Y cuáles son los principales proyectos en los que se está trabajando legislativamente?
Estamos en un momento clave para transformar principios en realidades. Desde el Congreso trabajamos en mejorar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, reforzar la atención a la dependencia y avanzar en accesibilidad, educación inclusiva y empleo con apoyo.
Mi experiencia personal me recuerda cada día que las leyes solo tienen sentido si llegan a la vida real de las personas. Por eso insisto tanto en que las normas deben ser claras, aplicables y evaluables.
El diálogo con entidades y profesionales —incluyendo organizaciones que llevan décadas defendiendo la inclusión laboral y social— es fundamental para que las reformas sean útiles. La colaboración con plataformas que han sabido unir a familias, empresas y profesionales, y con líderes que han impulsado modelos de empleo protegido con visión de futuro, es clave para avanzar.
Las buenas noticias en derechos sociales se ven empañadas por retrasos en dependencia o reivindicaciones de la ELA. ¿La sociedad espera más de sus representantes?
Sí, y lo entiendo perfectamente. Cuando una familia espera meses para un reconocimiento de dependencia, el sistema no está cumpliendo su función. Y en enfermedades como la ELA, cada semana es crucial.
Como padre, he vivido la frustración de ver cómo los tiempos administrativos no siempre se ajustan a las necesidades reales. Por eso defiendo que la gestión debe ser más ágil, más humana y más coordinada.
La sociedad quiere menos ruido y más soluciones. Y tiene razón.
Las mujeres con discapacidad sufren doble discriminación. ¿Qué acciones se están desarrollando para mejorar sus condiciones de vida y trabajo?
La reforma constitucional ya reconoce sus necesidades específicas, y eso obliga a actuar. Las prioridades son claras: empleo adaptado, prevención de la violencia, accesibilidad en salud y participación social.
Las entidades especializadas llevan años alertando de esta realidad, y su trabajo ha sido decisivo para que hoy exista una mayor conciencia institucional. Como padre y marido de personas con discapacidad, sé que la igualdad real empieza por escuchar y comprender las barreras que muchas mujeres encuentran incluso dentro de su propio entorno.
Desde fuera se ve mucha bronca política. ¿En la Comisión también ocurre o prevalece el bien común?
La discapacidad tiene una virtud: nos recuerda que hay temas que deben estar por encima de la confrontación. En la Comisión hay diferencias, pero también un terreno común muy amplio.
Cuando escuchamos a familias, a profesionales o a representantes del sector social —algunos con una trayectoria admirable, capaces de tender puentes entre entidades, empresas y administraciones— es difícil no encontrar puntos de acuerdo.
Mi compromiso es que la Comisión siga siendo un espacio útil, donde la realidad de las personas esté por encima de cualquier disputa.
¿Cómo está estructurada la Comisión? ¿Cuántas personas y de qué signo político la forman?
La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad es un espacio plural donde están representados todos los grupos parlamentarios, con una composición proporcional al Congreso.
Está presidida por Mercedes Fernández, una diputada con una trayectoria jurídica y parlamentaria muy sólida. Su amplia formación, junto con su experiencia docente universitaria, aporta rigor y una enorme capacidad de diálogo. Su manera de conducir los debates combina seguridad y sensibilidad, algo esencial en un ámbito donde las personas están en el centro.
La portavocía del Grupo Popular la ejerce Violante Tomás, con una larga experiencia en políticas sociales y un conocimiento profundo del tercer sector. Su trabajo ha sido clave para impulsar iniciativas sobre accesibilidad, justicia inclusiva y participación efectiva.
Junto a ella, Sandra Moneo, portavoz adjunta, aporta una mirada muy orientada a la protección de derechos, la igualdad y la mejora de los procedimientos administrativos. Su participación activa en encuentros con organizaciones del sector demuestra un compromiso real con la escucha y la colaboración institucional.
Créame que valoro especialmente que la Comisión esté formada por personas que no solo conocen la normativa, sino que entiendan la importancia de trabajar con las entidades y sepan los sufrimientos de las familias. Esa combinación de experiencia técnica y sensibilidad humana es la que permite avanzar hacia políticas más justas y eficaces.
¿Qué supondrá la nueva normativa de la tarjeta europea de discapacidad? ¿Cómo afectará al colectivo?
La tarjeta europea de discapacidad supone un avance real en movilidad, autonomía y seguridad jurídica. Permitirá que el reconocimiento de la discapacidad tenga efectos en toda la Unión Europea, evitando trámites repetitivos y facilitando el acceso a servicios.
Para muchas familias —incluida la mía— significa poder viajar, estudiar o trabajar en Europa sin tener que justificar una y otra vez la misma realidad. Es un paso hacia una Europa más accesible y coherente.
Los centros especiales de empleo cumplen una labor esencial. ¿Cómo se puede ayudar desde el legislativo? ¿Qué proyectos hay en marcha?
Los centros especiales de empleo son una pieza imprescindible del modelo español. Generan oportunidades reales y son un puente hacia el empleo ordinario.
Desde el legislativo debemos garantizar estabilidad en la financiación, impulsar la reserva de contratos públicos, reforzar los apoyos a la persona trabajadora y simplificar trámites.
El diálogo con el sector —incluyendo organizaciones que han sabido unir a empresas, familias y profesionales, y líderes que han defendido este modelo con convicción y visión de futuro— es esencial para que las medidas sean sostenibles. Su trabajo demuestra que la inclusión laboral es posible cuando se combina compromiso social y profesionalidad.
¿Cuál es la fórmula para que las empresas apuesten por la inclusión laboral: más incentivos o más legislación?
La fórmula es mixta: un marco normativo claro, incentivos estables y acompañamiento técnico. Muchas empresas quieren contratar, pero necesitan apoyo para adaptar puestos o gestionar apoyos.
Como padre, sé que el empleo es uno de los pilares de la autonomía personal. Por eso defiendo que la inclusión laboral debe ser una prioridad compartida entre administraciones, empresas y entidades.
En general, ¿qué hace falta para que España sea un país plenamente inclusivo?
Cinco claves resultan esenciales:
1. Un compromiso estable de Estado.
2. Accesibilidad universal como prioridad.
3. Políticas basadas en evidencia y evaluación.
4. Apoyo a la infancia, juventud y mujeres con discapacidad.
5. Una alianza sincera entre administraciones, familias, empresas y entidades sociales.
A todo ello se suma un reto que no podemos ignorar: la falta de presupuesto suficiente y la enorme disparidad entre comunidades autónomas. Cuando cada territorio avanza a un ritmo distinto, con modelos y prioridades que no siempre convergen, las familias se encuentran con desigualdades que no deberían existir. Como padre, sé lo que significa que los derechos dependan del código postal, y eso no es aceptable.
Por eso, desde el Partido Popular defendemos que las políticas de discapacidad deben centrarse en las personas, no en los territorios. La igualdad de oportunidades no puede variar según la comunidad autónoma en la que viva una familia. Necesitamos un marco común, estable y coherente, que garantice que cualquier persona con discapacidad tenga acceso a los mismos apoyos, vivan donde vivan.
Agradecimiento
Quiero terminar agradeciendo el trabajo de SIFU, un referente indiscutible en inclusión laboral y en innovación social. Su trayectoria demuestra que cuando se combinan profesionalidad, sensibilidad y visión, se transforma la vida de miles de personas.
Y permítame una mención especial a Albert Campabadal, cuyo compromiso personal y capacidad para unir voluntades han sido decisivos para fortalecer el ecosistema de la discapacidad en nuestro país. Su liderazgo discreto pero firme ha abierto caminos que hoy damos por naturales, pero que no existían hace apenas unos años.
Para mí es un honor que me hayan brindado este espacio. Trabajar por este colectivo no es solo una responsabilidad pública: es una convicción profunda y una forma de entender el servicio a los demás. Gracias por la oportunidad y por la labor que realizáis cada día.