Consultoría en RSC, discapacidad e inclusión: estrategia con impacto verificable

Cuatro formas de trabajar la responsabilidad social en tu empresa

La responsabilidad social se concreta en decisiones: a quién contratas, a quién compras, cómo seleccionas y qué mides después. Nuestro trabajo consiste en acompañarte en esas decisiones con criterio técnico y con el conocimiento de quien lleva tres décadas empleando a personas con discapacidad.

Consultoría en responsabilidad social

Partimos de dónde estáis. Revisamos vuestras políticas actuales, las obligaciones que os aplican por tamaño y sector, y lo que ya os están pidiendo vuestros clientes y vuestros bancos. De ahí sale un mapa de situación y una estrategia con prioridades, no un documento de intenciones.

Consultoría en diversidad e inclusión 

Un plan de diversidad funciona cuando cambia los procesos, no cuando se publica. Trabajamos la selección, la acogida, la accesibilidad del puesto y los indicadores que permiten saber si el plan avanza o se ha quedado en el cajón.

Asesoramiento normativo

Aquí entran la cuota del 2% de la Ley General de Discapacidad, el certificado de excepcionalidad, las medidas alternativas y la documentación que hay que conservar para acreditar el cumplimiento ante una inspección. Es la parte menos vistosa y la que más disgustos evita.

Formación

Formamos a mandos intermedios y comités de dirección: qué dice la norma, cómo se gestiona un ajuste de puesto y qué sesgos se cuelan en una entrevista sin que nadie se dé cuenta. 

Qué ha cambiado en 2026 y qué sigue exactamente igual

Conviene empezar por aquí, porque el ruido regulatorio de este año ha dejado a muchas direcciones con una idea equivocada de su situación. 

La Directiva (UE) 2026/470, conocida como Ómnibus I, entró en vigor el 18 de marzo de 2026 y elevó los umbrales de la CSRD: a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero de 2027, solo deberán elaborar informe de sostenibilidad conforme a los ESRS las empresas que superen a la vez los 1.000 empleados y los 450 millones de euros de cifra de negocio neta. Los Estados miembros tienen hasta el 19 de marzo de 2027 para incorporarla. Muchas compañías que llevaban dos años preparándose han salido del perímetro obligatorio.

Hasta ahí, el titular. Ahora, lo que ese titular no dice.

España no ha transpuesto la CSRD. Mientras eso siga así, la Ley 11/2018 continúa siendo aplicable y las entidades sujetas mantienen la obligación de publicar su estado de información no financiera; así lo recordaron la CNMV y el ICAC en su comunicado conjunto de noviembre de 2025.

La cuota del 2% de la Ley General de Discapacidad no se ha movido un milímetro. Es norma laboral española, no europea, y afecta a toda empresa con 50 o más personas en plantilla, con independencia de lo que haya hecho Bruselas con el reporting de sostenibilidad.

Y queda la presión de mercado, que no entiende de umbrales. Las grandes compañías obligadas siguen necesitando datos sociales de su cadena de proveedores, y las entidades financieras los piden para renovar líneas de crédito. Salir del perímetro del reporte no es salir de la conversación.

La conclusión práctica para una dirección general es sencilla: si estabais esperando a que la regulación europea os obligara para ordenar vuestra política social, esa espera ya no tiene sentido. Las obligaciones que de verdad os afectan en España estaban ahí antes de la Ómnibus y siguen ahí después.

Del compromiso al dato: cómo se mide el impacto social

La parte social de cualquier informe tiene un problema recurrente: es la más fácil de narrar y la más difícil de demostrar. Las emisiones se calculan; la inclusión, muchas veces, se cuenta.

Trabajamos con indicadores que resisten una verificación externa. Personas con discapacidad en plantilla y su evolución. Volumen de compra a centros especiales de empleo y a empresas de inserción. Personas incorporadas, personas que siguen en el puesto doce meses después. Horas de formación en diversidad por categoría profesional. Accesibilidad efectiva de los centros de trabajo. 

Hay una ventaja poco aprovechada en la contratación a un centro especial de empleo: genera evidencia documental por sí misma. Cada factura, cada certificado anual, cada persona empleada es un dato trazable que puede entrar en el informe de sostenibilidad, en la memoria de RSC o en la respuesta a un cuestionario de un cliente. No hay que construir la prueba después; la prueba es la propia operación.

Por qué esta consultoría la hacemos nosotros

Somos uno de los mayores centros especiales de empleo de España: más de 7.000 profesionales, la mayoría personas con discapacidad, y 45 delegaciones en España, Francia y Andorra. Eso nos coloca en una posición poco común para asesorar en esta materia, porque lo que recomendamos es lo que gestionamos cada día.

Un ejemplo de lo que eso cambia. Cuando una empresa nos pregunta cuántas personas con discapacidad puede incorporar a un puesto determinado, no respondemos con un porcentaje teórico: respondemos con la experiencia de haber cubierto ese mismo puesto en otros centros, con los ajustes que funcionaron y con los que no. Las consultoras generalistas diseñan el plan. Nosotros además lo hemos ejecutado.

También es una diferencia de incentivos. No vendemos un informe y desaparecemos: si el plan que diseñamos incluye contratación o compra a un centro especial de empleo, tenemos que responder después de la calidad de ese servicio.

Preguntas frecuentes

¿Sigue obligada mi empresa a presentar informe de sostenibilidad tras la Directiva Ómnibus?

Depende del tamaño y del calendario. La Directiva (UE) 2026/470 elevó los umbrales de la CSRD: para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2027 solo quedan obligadas las empresas que superen a la vez los 1.000 empleados y los 450 millones de euros de cifra de negocio neta. Ahora bien, España todavía no ha transpuesto la CSRD, de modo que la Ley 11/2018 sigue aplicándose a las entidades sujetas a ella, tal como recordaron la CNMV y el ICAC en noviembre de 2025.

¿La reforma europea ha cambiado la cuota del 2% de la Ley General de Discapacidad?

No. La cuota de reserva del 2% para empresas de 50 o más personas en plantilla está recogida en el Real Decreto Legislativo 1/2013, que es normativa laboral española y no se ha visto afectada por la Directiva Ómnibus I ni por ningún cambio en el marco europeo de reporte de sostenibilidad.

¿Qué incluye exactamente vuestra consultoría en RSC?

Cuatro áreas que pueden contratarse por separado o combinadas: diagnóstico y estrategia de responsabilidad social; asesoramiento normativo sobre la Ley General de Discapacidad, medidas alternativas y documentación acreditativa; diseño de planes de diversidad e inclusión con indicadores de seguimiento; y formación de mandos y comités de dirección.

¿Cómo se mide el impacto social de forma que resista una verificación?

Con indicadores trazables y documentados: personas con discapacidad en plantilla y su evolución, volumen de compra a centros especiales de empleo, permanencia en el puesto a los doce meses, horas de formación en diversidad y accesibilidad de los centros de trabajo. La contratación a un centro especial de empleo tiene la ventaja de generar esa evidencia documental por sí misma, a través de las facturas y del certificado anual.

¿Por qué contratar esta consultoría a un centro especial de empleo?

Porque combina el asesoramiento con la ejecución. SIFU emplea a más de 7.000 profesionales, la mayoría personas con discapacidad, en 45 delegaciones de España, Francia y Andorra, de modo que las recomendaciones proceden de la gestión diaria y no solo del marco teórico.

En un mundo cada vez más competitivo, la RSC es ya imprescindible para las empresas, integrando no sólo el valor económico, sino también el valor social y la gestión responsable de los recursos ambientales en la dirección de su negocio y basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ONU).

Empecemos por saber dónde estáis

Si tenéis una obligación concreta que resolver, si os han pedido datos sociales que no sabéis de dónde sacar o si queréis ordenar la política de responsabilidad social antes de que os la ordenen desde fuera, escríbenos a través del formulario o llámanos al 900 447 447. La primera conversación sirve para saber qué os aplica y qué no.